Iván García considera que la elección de Justiniano Montero reconoce la trayectoria judicial y representa una señal de compromiso con la independencia de la justicia.
Santo Domingo.- El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, valoró la designación del magistrado Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia, al considerar que representa un reconocimiento a la trayectoria dentro de la carrera judicial y una señal de compromiso con la independencia de la justicia.
“El presidente Abinader consolida su legado institucional con la designación del primer juez de carrera al frente de la Suprema Corte de Justicia”, expresó García, quien consideró que la escogencia constituye una señal de coherencia con el compromiso del mandatario de fortalecer la independencia judicial y reconocer los méritos y la experiencia acumulada dentro de la magistratura.
El dirigente empresarial destacó que colocar a un juez de carrera al frente del máximo tribunal del país resalta la importancia de la experiencia profesional y el conocimiento del sistema judicial en la conducción de una institución fundamental para el Estado de derecho.
Montero Montero integra la Suprema Corte de Justicia desde abril de 2019 y fue confirmado en septiembre de 2026 para un nuevo período de siete años. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cuenta con formación de posgrado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, así como en Derecho Administrativo y Gestión Municipal.
Su elección se produjo como parte del proceso de renovación del alto tribunal, desarrollado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el presidente Luis Abinader. El procedimiento incluyó evaluaciones de desempeño de los jueces en funciones y entrevistas a los aspirantes a ocupar las plazas vacantes.
El proceso puso en consideración la trayectoria profesional, la preparación académica y la integridad de los postulantes, aspectos relevantes para la dirección de un poder del Estado cuya independencia constituye una garantía para la seguridad jurídica y el funcionamiento de las instituciones.
