Santo Domingo, República Dominicana. – El ambientalista y coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis Carvajal, denunció la existencia de un «desorden histórico» y una presunta «red de complicidades» que permite la explotación irregular de agregados en la provincia de Barahona y San Juan. Carvajal advirtió que la extracción de materiales, bajo el pretexto de «adecuación de cauce», está devastando ecosistemas críticos y operando al margen de la ley, en una actividad que calificó como «más lucrativa que el narcotráfico».
Hace dos años, diversos expertos ambientalistas aseguraron que para la realización de cualquier proyecto minero en República Dominicana, como el caso de la grancera en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona, se requiere del permiso social ambiental, que es el que otorga la comunidad y que está contemplado en la ley. En esa ocasión, Carvajal, junto a especialistas como Fernando Peña y Maritza Ruiz, coincidieron en que este aval es un componente estructural del proceso legal y que cualquier extracción que lo ignore constituye una violación que demanda la intervención de las autoridades.
Esta problemática no es exclusiva de Barahona; el ambientalista advirtió que en la provincia de San Juan se replica un escenario crítico con más el proyecto «Romero» y otras 20 concesiones mineras que abarcan casi la totalidad de la vertiente norte del valle. Carvajal denunció que estas operaciones se pretenden instalar precisamente en la cabecera del río San Juan y sobre la presa de Sabaneta, lo que pone en riesgo directo el suministro de agua para el «granero del sur».
Al igual que en el caso de Barahona, el experto subrayó que el Estado intenta validar estudios de impacto individuales sin haber realizado primero una Evaluación Ambiental Estratégica, un requisito legal indispensable para determinar si el territorio puede soportar la actividad minera sin comprometer su eje fundamental: el recurso hídrico.
El experto hizo especial énfasis en que proyectos actuales en zonas como La Guázara y El Cachón carecen de legitimidad social. Según Carvajal, los reglamentos de evaluación ambiental obligan a las empresas a presentar los proyectos a la comunidad para su aprobación o rechazo en vistas públicas dirigidas por el Estado, un proceso que asegura ha sido simulado en la región.
«Si la comunidad no aprueba un proyecto no es posible desarrollarlo, el permiso social forma parte del permiso estructural», afirmó Carvajal, denunciando que en Barahona se han realizado convocatorias dirigidas por las propias empresas y no por el Ministerio de Medio Ambiente.
«El Estado se pone, no del lado del bien público, sino del lado del interés privado», sentenció.
Desde una perspectiva técnica, Carvajal señaló que el país necesita agregados, pero que la ley prohíbe taxativamente extraerlos de los ríos. Sin embargo, denunció que las autoridades permiten esta práctica bajo el engaño de supuestas correcciones de cauce que nunca se ejecutan.
En el caso de El Cachón, reportó el desmonte de casi 300 tareas de bosque nativo y endémico, una acción que altera funciones ecológicas fundamentales para la estabilidad de la isla.
Asimismo, criticó el impacto de la explotación de carbonato cálcico en el entorno del monumento natural Padre Domingo Fuerte y el naciente del río Nisaito, advirtiendo sobre el déficit estructural de agua que ya afecta al sur del país.
Finalmente, el ambientalista lamentó que el Ministerio de Medio Ambiente opere bajo lo que llamó una «red de complicidades» donde la capacidad de actuar depende del poder económico o vínculo político del infractor. Denunció un «trato diferencial» donde se castiga con severidad a ciudadanos por faltas menores, mientras se ignoran daños ambientales masivos perpetrados por grandes intereses.
