_Dispone la liquidación de un astreinte acumulado y eleva ahora el monto de RD$1,000 a RD$1,500 diarios, computable a partir del vencimiento del nuevo plazo de 30 días otorgado a las entidades demandadas para cumplir íntegramente la sentencia._
Santo Domingo, República Dominicana. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó un pago en concepto de astreinte acumulada contra el Ministerio de Turismo (MITUR) y la Armada de la República Dominicana, al comprobar el incumplimiento prolongado, de parte de estas entidades estatales, de una sentencia previa relacionada con el conflicto por terrenos en Playa Encuentro, en Cabarete, provincia Puerto Plata.
La decisión, contenida en la sentencia núm. 0030-1643-2026-SSEN-00180, emitida recientemente por la Quinta Sala del TSA, liquida la penalidad impuesta en una decisión anterior de abril de 2025, que establecía una astreinte diaria de RD$1,000 por cada día de desacato.
El tribunal determinó que el Ministerio de Turismo y la Armada Dominicana incurrieron en un incumplimiento durante un período de 213 días, comprendido entre el 24 de junio de 2025 y el 22 de enero de 2026, lo que dio lugar a una sanción total de RD$213,000, que ambas entidades deberán pagar de manera solidaria a favor de las empresas demandantes.
La sentencia precisa que este monto corresponde a la liquidación efectiva del astreinte previamente fijado, tras verificar que dichas instituciones no ejecutaron las órdenes de cesar la intromisión en la propiedad privada ni retirar señalizaciones que promovían el acceso público a través de los terrenos en disputa.
Además de la liquidación, el TSA dispuso un aumento de la medida coercitiva al elevar la astreinte de RD$1,000 a RD$1,500 diarios, computable a partir del vencimiento del nuevo plazo de 30 días otorgado a las entidades demandadas para cumplir íntegramente la sentencia.
El fallo se produce en el marco de una demanda en ejecución interpuesta por las sociedades Inversiones Calpe, Inversiones Tarancom y Mesa Investment Limited, representadas por el inversionista estadounidense Lance Lundeberg, tras alegar que las disposiciones judiciales previas no habían sido acatadas por el Ministerio de Turismo y la Armada, pese a los mandatos expresos del tribunal.
Lundberg había denunciado meses atrás, mediante un comunicado dirigido al presidente Luis Abinader, atropellos y arbitrariedades cometidos por entidades estatales con apoyo militar contra el proyecto Encuentro Beach Village, una inversión estimada en más de 400 millones de dólares.
La nueva sentencia, según el contexto del caso, viene a reforzar judicialmente esos señalamientos sobre actuaciones irregulares en el terreno.
En el expediente, el TSA recoge evidencias de la continuidad de las intervenciones estatales en el terreno, incluyendo la existencia de accesos abiertos al público dentro de la propiedad privada y la colocación de letreros oficiales que indicaban rutas hacia la playa atravesando dichos predios.
El conflicto en Playa Encuentro enfrenta desde hace años a inversionistas que reivindican derechos de propiedad respaldados por decisiones judiciales, y a autoridades y sectores comunitarios que defienden el acceso público a la playa.
La sentencia refuerza el criterio de que el acceso al litoral no puede realizarse mediante la ocupación de terrenos privados sin autorización.
